Por Borranota
En pasados días, en diversos puntos del territorio nacional, se realizaron diversas manifestaciones que incluían a niños, mujeres y ancianos, los cuales protestaban contra la presencia militar en diversos estados del país. Las protestas más llamativas ocurrieron en Nuevo León, donde un grupo de manifestantes, algunos de ellos encapuchados, bloquearon algunas avenidas de la ciudad capital; posteriormente el gobernador José Natividad González Parás, descalificó, señalándolas de “narcoprotestas” impulsadas por el crimen organizado. Además, en Reynosa, Tamaulipas, elementos del Ejército se enfrentaron a sicarios y presuntos manifestantes, el saldo fue de una decena de muertos y al menos 15 heridos.
Las declaraciones del gobernador González Parás son tachadas por esta columna como inaceptables, pues, aunque existan elementos para atribuir las protestas realizadas en Monterrey al crimen organizado, es innegable la existencia de una notoria inconformidad social por la creciente ocupación militar, así como la existencia de documentada evidencia sobre abusos militares generados a raíz de la militarización del país dentro del marco de la estrategia calderonista para combatir al crimen organizado; estrategia que con base en la información periodística que está al alcance de todos, no rinde, ni remotamente, los frutos esperados por el mandatario michoacano. Por esto, las declaraciones del gobernador neoleonés son improcedentes, pues descalifica a priori una demanda social cuya bandera es legítima en su totalidad.
Por otra parte, la alarmante militarización del país, los convenios firmados con el bélico país vecino y el preocupante ambiente de inseguridad que azota a todo el país, se mezclan para cocinar el ambiente perfecto para generar un ambiente de represión social, toda vez que en “aras de defender y mantener la seguridad pública”, se reprima toda protesta social que atente contra los intereses de la cúpula gobernante, quienes, basándome en polémicas declaraciones como la realizada en pasados días por el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, (señaló que “de no atacar al narco ahora, el siguiente presidente hubiera sido narco”); o aquella realizada por el líder nacional del PAN, Germán Martínez, (sin señalarlo expresamente, acusó al PRI de haber dejado brotar el problema del narcotráfico), hacen suponer a este paranoico columnista que el narcotráfico está bien infiltrado en la clase política. Es entonces, alarmante que el narcotráfico como poder de facto infiltre las estructuras económicas, sociales y hasta políticas de un país cada vez más tambaleante como lo es México.
Hechos como los citados anteriormente empujan la necesidad de tratar el problema del narcotráfico en México con seriedad, abriendo canales de diálogo con expertos en la materia, pues no bastará que por medio de balazos se destituya a los pequeños o medianos mandos; urge una estrategia que desenmascare y ataque las redes financieras de estos grupos, pues sin ella esta guerra está de antemano perdida. ¿Hasta donde ha coludido el narcotráfico a las instituciones mexicanas?, ¿hablaremos ya no solo de narcoprotestas, sino de narcoinstituciones o incluso de un Narcoestado?
Las declaraciones del gobernador González Parás son tachadas por esta columna como inaceptables, pues, aunque existan elementos para atribuir las protestas realizadas en Monterrey al crimen organizado, es innegable la existencia de una notoria inconformidad social por la creciente ocupación militar, así como la existencia de documentada evidencia sobre abusos militares generados a raíz de la militarización del país dentro del marco de la estrategia calderonista para combatir al crimen organizado; estrategia que con base en la información periodística que está al alcance de todos, no rinde, ni remotamente, los frutos esperados por el mandatario michoacano. Por esto, las declaraciones del gobernador neoleonés son improcedentes, pues descalifica a priori una demanda social cuya bandera es legítima en su totalidad.
Por otra parte, la alarmante militarización del país, los convenios firmados con el bélico país vecino y el preocupante ambiente de inseguridad que azota a todo el país, se mezclan para cocinar el ambiente perfecto para generar un ambiente de represión social, toda vez que en “aras de defender y mantener la seguridad pública”, se reprima toda protesta social que atente contra los intereses de la cúpula gobernante, quienes, basándome en polémicas declaraciones como la realizada en pasados días por el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, (señaló que “de no atacar al narco ahora, el siguiente presidente hubiera sido narco”); o aquella realizada por el líder nacional del PAN, Germán Martínez, (sin señalarlo expresamente, acusó al PRI de haber dejado brotar el problema del narcotráfico), hacen suponer a este paranoico columnista que el narcotráfico está bien infiltrado en la clase política. Es entonces, alarmante que el narcotráfico como poder de facto infiltre las estructuras económicas, sociales y hasta políticas de un país cada vez más tambaleante como lo es México.
Hechos como los citados anteriormente empujan la necesidad de tratar el problema del narcotráfico en México con seriedad, abriendo canales de diálogo con expertos en la materia, pues no bastará que por medio de balazos se destituya a los pequeños o medianos mandos; urge una estrategia que desenmascare y ataque las redes financieras de estos grupos, pues sin ella esta guerra está de antemano perdida. ¿Hasta donde ha coludido el narcotráfico a las instituciones mexicanas?, ¿hablaremos ya no solo de narcoprotestas, sino de narcoinstituciones o incluso de un Narcoestado?