Jaripeo en Hueytlalpan, impunidad, Silvia Vargas y carro electoral con matrícula "pena de muerte".

En 2006, la periodista Lydia Cacho denunció al gobernador de Puebla, Mario Marín, al empresario Kamel Nacif, entre otros, de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones. Además, en su libro "Los demonios del Edén" denunció la existencia de una red de pederastas donde el gobernador priísta Marín estaba involucrado. Dos años después Marín sigue gobernando en Puebla y pese a que la denuncia presentada por Cacho incluía pruebas documentales sobre los ilícitos.

Hace unos días, en la misma entidad, en el municipio de Hueytlalpan, fueron desnudados cuatro niños indígenas durante un jaripeo nocturno en presencia del alcalde Juan Martín Barrientos Ramos, sostuvo la diputada local Irma Ramos Galindo. Hueytlalpan, así como muchos otros municipios, está marcado por la pobreza, por lo cual el "animador" del evento le ocurrió la brillante idea de ofrecer a los niños dinero por dar vueltas al rededor de la pista, mientras se despedían de sus prendas por montos de $50 pesos para sumar hasta $150 pesos. El hecho, totalmente reprobable, no tiene nada de irracional, y lo digo por esto: el ilícito ocurrió en una entidad gobernada por un defensor de pederastas, claro atropellador de los derechos humanos y que a la fecha continúa en su cargo: Mario Marín. Después de ser comprobada toda una red de pederastia y corrupción, no ocurrió nada... pues qué habría de ocurrir si en una fiestita municipal ofrecemos a niños indígenas dinero por quitarse la ropa. Pero esta clase de actividades tampoco son ya muy espectaculares, pues televisión es común ver programas donde se paga dinero a personas por trapear el suelo con su dignidad, es pues, una reproducción absurda de "valores".

Pareciera que al ocupante formal de Los Pinos no le importa seguir dando de que hablar a la prensa libre, tan es así se tomó la foto con el acusado priísta.

También, lamentablemente fue confirmada hoy la muerte de Silvia Vargas Escalera, secuestrada en septiembre de 2007. Tras 15 meses de cautiverio, la PGR confirmó que el cuerpo encontrado en una casa en la delegación Tlalpan corresponde a Silvia, quien será despedida mañana en el panteón francés. Hace unos meses, también fue confirmado el deceso de Fernando Martí, hijo del empresario ex dueño de las tiendas Deportes Martí, quien durante la firma del Acuerdo Nacional por la Justica y la Legalidad advirtió: "Si no pueden, renuncien". La frase parece que del eco mediático no pasó, pues García Luna y Medina Mora, de probada ineficacia siguen en sus cargos, uno de ellos, bañado con el veto calderónico "este es de todas mis confianzas". Falta ahora esperar la investigación sobre el homicidio de Silvia Vargas, a ver si de verdad "tienen madre", como puso en duda el ex titular de la Conade, Nelson Vargas. Mi pésame a la familia Vargas Escalera y mi repudio a los encargados de la seguridad pública.

Y en medio de la relampagueante nube de inseguridad, fue presentada hoy en la Cámara de Diputados la iniciativa presentada por el Congreso de Coahuila para reinstaurar la pena de muerte en México. La iniciativa, bien sabido por los priístas, está condenada al fracaso no solo por la existencia de tratados internacionales que lo impiden o la barrera Constitucional que la imposibilita, sino porque reinstaurar la misma significaría ir en contra de los preceptos contractualistas del Estado. Pero eso poco o nada importa a los intereses electorales del tricolor, que se "solidariza" con el sentir social de ocho de cada diez mexicanos, y en palabras de Humberto Moreira, lo único que esta a discusión es "la forma en la que los vamos a asesinar, a ver si los fusilamos, degollamos o algo light como la inyección". Por su parte, el senador Manlio Fabio Beltrones se pronunció a favor de crear foros de debate para discutir la polémica iniciativa... la pena de muerte no ha disminuido los índices de criminalidad en países como Estados Unidos, además, en nuestro país seguramente de nada serviría pues solo 2 de cada 100 delitos son castigados por lo que este redactor supone que el tema a discutir debería de ser cómo generar mecanismos para disminuir el preocupante índice de impunidad. Rayos, se terminaron las ideas, hasta pronto en este arrancante blog que se ríe de las comparaciones señaladas por Luis Pazos.